En el año de crisis de 2009 no todos los sectores productivos perdieron: según la consultora Claves ICSA, en 2009, la producción minera tuvo un beneficio del 28%, siendo el sector más rentable de un grupo relevado.

Parte de las ganancias se explican por los precios internacionales de los minerales, pero también por el aporte que el Estado realiza promocionando un sector en manos de grandes corporaciones transnacionales que, según el citado informe abarcan el 83% de las ventas sectoriales.

Según el INDEC, en 2009, el régimen de promoción minera (leyes 24.196 y 22.095) tuvo un costo tributario (ingresos no percibidos por el Estado debido a exenciones impositivas) de 372 millones de pesos, el 9% del gasto fiscal en promoción impositiva.

El mismo año, la promoción de las Pymes (Ley 24.467) fue del 3% de gasto fiscal, la promoción de la industria del software 2% el Programa nacional de apoyo al empresariado joven. 0,2% del gasto tributario.

Es decir que, en plena crisis y dificultades fiscales, el Estado gastó mas en subsidiar grandes y rentables empresas extranjeras que pymes y emprendedores nacionales.

Además de los subsidios nacionales, las empresas mineras tienen una estabilidad jurídica de 30 años, numerosos incentivos fiscales provinciales y municipales, y pueden dejar en el exterior el 100% de las divisas que perciban por sus exportaciones. Por otra parte, la legislación actual establece que el Estado tiene la obligación de otorgar los yacimientos a empresas privadas y tiene prohibido explotar por sí mismo. La legislación establece que el Estado puede hacer investigación geológica y minera, pero las minas que descubra deben ser cedidas a las privadas.

Para reforzar la contribución estatal a las grandes mineras, el 10 de noviembre de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley 26.148, la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso, que establecía un marco de regulación para la protección de las zonas glaciarias y periglaciarias y declaraba de interés estratégico los recursos hídricos.

El veto presidencial abre el camino a la ampliación de las explotaciones en zonas críticas, donde pueden tener serias consecuencias ambientales

10/04/2010- CLARÍN.COM |OPINION